Ciudades como Santa Cruz, Camiri, Cochabamba, Riberalta, Cobija y Tarija, además de varias provincias, fueron escenario de la protesta pacífica de periodistas, quienes reivindicaron la defensa de la democracia y la libertad de expresión.

Los principales gremios de periodistas de todo el país exigieron eliminar el Artículo 16 de la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación, que se debate en el Senado, y la validez plena de la Ley de Imprenta, como instrumento único para señalar sanciones a los periodistas y regular su trabajo. En una carta enviada a la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, los periodistas consideran que se hace evidente que las normas promulgadas y otras en ese camino, que se orientan a regular las actividades de la prensa, contradicen a la misma Constitución Política del Estado. La carta cuestiona el Artículo 16 por “una falta de correspondencia entre el objetivo de la norma y sus definiciones” y asegura que, sí se promulga la norma como está planteada, “los asambleístas estarían permitiendo que se regule el mundo de las ideas, eliminado la libertad de expresión liquidando primero la libertad de pensamiento”. Además, observan otro Artículo (el 26) que, a su juicio, introduce la figura de un “censor” al interior de los medios de comunicación, de la “autocensura” en los periodistas y del “amordazamiento de la opinión pública”. “Si la Cámara de Senadores aprobase este proyecto tal cual está, los públicos que ven, leen y escuchan los medios de comunicación, tendrían que hacerse a la idea de un mundo en diferido, vale decir sin transmisiones en directo y deberían acostumbrarse a que todo contenido antes de ser transmitido sea censurado y, dependiendo del caso mutilado u omitido”, argumenta la carta. Además observan “el desconocimiento del derecho constitucional al trabajo para los trabajadores de la prensa” que aseguran se producirá al suspender la licencia de funcionamiento a los medios de comunicación. “A más de lo expresado existen otras razones para rechazar este artículo. Por el derecho Penal se conoce que los delitos son cometidos `intuito personae´ y no por una abstracción denominada medio de comunicación”, remarca el documento. Los periodistas recuerdan que, a tono con lo anterior, la Ley de Imprenta, a pesar de su “obsolescencia,” apunta a que “son responsables de los delitos cometidos por la prensa o por cualquier otro modo de exteriorizar y difundir el pensamiento: los que firmen como autores una publicación, los directores de diarios, revistas, y publicaciones periodísticas, y los editores. Después de otras consideraciones, los periodistas exigen que se enmiende la falta de correspondencia entre el objetivo de la norma y sus definiciones. Se elimine de esa norma toda figura legal que pretenda introducir cualquier tipo de censor al interior de los medios de comunicación, de “autocensura en los periodistas y de “amordazamiento” de la opinión pública. Se reconozca el Derecho Constitucional que tienen las trabajadoras y los trabajadores de la prensa eliminando el artículo 16. Se proporcionen los mecanismos legales, administrativos y económicos para la conformación de un Comité Nacional Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, independiente y autónoma de cualquier injerencia político partidaria. Se reconozca la validez plena de la Ley de Imprenta como instrumento jurídico único para señalar sanciones a los periodistas y regular su trabajo. Se obedezca el mandato de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en lo que hace al Artículo 107, numeral II, remitiendo y sancionando las faltas de prensa a través del Código Nacional de Ética Periodística, único mecanismo de autorregulación reconocido por el sector de la prensa de Bolivia. La carta enviada a la Comisión de Constitución del Senado está firmada por Pedro Glasinovic, Presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz; por Ronald Grebe, Presidente de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia; por Pablo Zenteno, Secretario Ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia y por Raúl Novillo, Presidente de ASBORA.