La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) expresó el lunes su rechazo a toda forma de discriminación y racismo, que vulneran la libertad e igualdad de las personas, pero advierte que el Proyecto de Ley que se debate en el Órgano Legislativo al respecto da lugar a un estado de inseguridad jurídica para las personas individuales y colectivas.

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Leyes al servicio del bien común, por Conferencia Episcopal Boliviana

En conferencia de prensa, el secretario General de la CEB, monseñor Oscar Aparicio, sostuvo que la Iglesia por “principio” rechaza toda forma de discriminación y racismo y fundamenta su compromiso en la ley natural universal y en los valores propios de nuestras culturas, “porque somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza y, por lo tanto, iguales en dignidad”.

“Sin embargo, la forma en la cual ha sido planteado el Proyecto de Ley da lugar a un estado de inseguridad jurídica para las personas individuales y colectivas, que no cuentan con un parámetro claro de cuáles son las conductas que serán calificadas y juzgadas como discriminatorias”, manifestó.

Indicó que la capacidad de interpretación que se delega a las autoridades públicas deja “abierta la posibilidad de innumerables vulneraciones de derechos y rompe la lógica jurídica de la seguridad que todo estado de derecho debe brindar”.

El prelado aseguró que si bien es necesario luchar contra actitudes discriminatorias también se debe garantizar que la legislación al respecto sea compatible con los principios de pluralidad, libertad de pensamiento y libre expresión, promoviendo la educación en valores antes que la restricción de derechos y libertades fundamentales.

“Lo contrario supone la imposición de un pensamiento único y una sola visión de persona y sociedad que amenazan una sana convivencia social y el sistema democrático”, afirmó.

Precisó que con el proyecto que actualmente se debate en el legislativo “se corre el riesgo de judicializar la opinión pública, con la aprobación de esta Ley desaparecerá el ejercicio democrático”.

Dijo que los alcances y consecuencias de ese instrumento legal exigen que deba ser difundida, socializada y consensuada, a través del debate social.

Señaló que Iglesia Católica hace un llamado a la ciudadanía a “interesarse” por el contenido, alcances y consecuencias de una Ley que, “si bien pretende aportar a la erradicación de prácticas discriminatorias en nuestra sociedad, entraña también serios riesgos para el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas e instituciones sociales”.

Fuente: http://www.hoybolivia.com/Noticia.php?IdEdicion=872&IdSeccion=15&IdNoticia=39638

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Leyes al servicio del bien común

La Conferencia Episcopal Boliviana, aceptando la invitación del Gobierno a manifestar opiniones y aportar con criterios al proyecto de ley contra el racismo y la discriminación que se está gestando, desea recomendar el análisis de la propuesta, aportar a una reflexión crítica y positiva, y advertir sobre  algunos riesgos que pueden resultar de su aprobación y aplicación, todo ello con miras a la construcción de una sociedad más justa, fraterna y solidaria.

Todo Estado democrático, debe garantizar a sus habitantes el ejercicio pleno de sus derechos y la seguridad jurídica de que podrá expresar libremente sus opiniones, sin afectar los derechos de los demás, de que no será juzgado por hechos que no estén claramente determinados, ni perseguido sin justa causa. Esta condición permitirá una pacífica y armónica convivencia, necesaria para toda sociedad organizada.

La Iglesia por principio rechaza toda forma de discriminación y racismo, conductas que vulneran la libertad e igualdad de las personas, y fundamenta su compromiso en la ley natural universal y en los valores propios de nuestras culturas, porque somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza y, por lo tanto, iguales en dignidad (cf. Gen 1, 26). El compromiso por una sociedad que supere formas de discriminación no puede anteponer los intereses de unos sobre otros, sino que debe buscar construir una sociedad donde “todos sean uno” en el respeto de la diversidad (cf. Jn 17, 21).

La forma en la cual ha sido planteado el contenido del proyecto de ley da lugar a un estado de inseguridad jurídica para las personas individuales y colectivas, que no cuentan con un parámetro claro de cuáles son las conductas que serán calificadas y juzgadas como discriminatorias, base fundamental para regular la conducta de un pueblo.  La capacidad de interpretación que se delega a las autoridades públicas deja abierta la posibilidad de innumerables vulneraciones de derechos y rompe la lógica jurídica de la seguridad que todo estado de derecho debe brindar.

Si bien es cierto que es necesario luchar contra actitudes discriminatorias en nuestra sociedad, es importante garantizar que cualquier legislación al respecto sea compatible con los principios de pluralidad, libertad de pensamiento y libre expresión, promoviendo la educación en valores antes que la restricción de derechos y libertades fundamentales. Lo contrario supone la imposición de un pensamiento único y una sola visión de persona y sociedad que amenazan una sana convivencia social y el sistema democrático.

El proyecto que actualmente es objeto de debate legislativo corre el riesgo de judicializar la opinión pública que es por definición libre expresión y discusión de los diferentes puntos de vista que conviven en una sociedad y cuya función es actuar como factor de equilibrio social, fundamentalmente con relación al poder constituido. Con la aprobación de esta ley desaparecerá el ejercicio democrático de este derecho.

Los alcances y consecuencias de la ley que se pretende poner en vigencia exigen que la misma pueda ser suficientemente difundida, socializada y consensuada, a través del debate social y abriéndose a los aportes de todas las organizaciones vivas de una sociedad. Una consideración parcial, acrítica y precipitada sólo generará malestar social y resistencia.

Como Iglesia Católica llamamos a la ciudadanía a interesarse por el contenido, alcances y consecuencias de una ley que, si bien pretende aportar a la erradicación de prácticas discriminatorias en nuestra sociedad, tal como está redactada entraña también serios riesgos para el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas e instituciones sociales.

Secretaria General de la

Conferencia Episcopal Boliviana

La Paz, 27 de septiembre de 2010