Los universitarios y las juntas vecinales exigieron la renuncia del presidente del concejo municipal, Huanger Ávila, del frente Somos Independientes, en la actualidad aliado al Movimiento al Socialismo en el órgano deliberante, a quien acusan de actuar en contra de los intereses de los sectores populares.

Los estudiantes de la Universidad Autónoma del Beni manifestaron en una marcha que el edil intenta revertir terrenos que fueron concedidos a la casa superior en pasados años, para construir infraestructura y otras áreas de práctica profesional, además de supuestamente actuar en contra de los intereses de la comunidad educativa.
En las filas de la Fejuve y el Comité de Vigilancia se mostró beligerancia contra Ávila por la aprobación de una Ordenanza que le quita a estas organizaciones el monopolio del Control Social y lo amplia a otras organizaciones populares, criticándose también la falta de aprobación de las urbanizaciones destinadas a la construcción de un nuevo estadio municipal y la carceleta local.
A estas instituciones también se sumó el Comité Cívico Regional que otorgó un plazo hasta mañana viernes para que Ávila renuncie al cargo. El presidente del Concejo dijo que no aceptará esta presión y se mantendrá en el cargo, acusando a sus adversarios de actuar por conveniencias de pequeños grupos que no están de acuerdo con la fiscalización, además que se lo trata de mostrar como enemigo de los universitarios, siendo que en ningún momento intentó revertir terrenos que ocupan las diferentes carreras de la universidad.
En horas recientes también surgieron voces de apoyo al concejal. La federación campesina de Vaca Diez , a través de su ejecutivo Manfredo Amacifen, advirtió que no están de acuerdo con el pedido de renuncia que efectuaron varios sectores y lo apoyan decididamente para que permanezca en el cargo, destacando el nivel de coordinación que Ávila mantiene con los pobladores rurales.
Ante la delicada situación y el anuncio de movilizaciones programadas para mañana viernes, el presidente edil pidió el apoyo de la policía para que resguarde el edificio del Concejo y se garantice la normalidad en el trabajo, no descartándose el inicio de procesos judiciales en contra de los cabecillas de las movilizaciones.